ALGUNAS NOVEDADES QUE INTRODUCE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE EFICIENCIA DIGITAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA.

Recientemente se hacía público el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades.

Si bien el texto plantea bastantes novedades en Derecho de Sociedades, dada la trasposición de la Directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, además, introduce cambios y mejoras con el objeto de promover una gestión más eficiente de los recursos de la administración de justicia, que, además, podrán contribuir a que los profesionales del sector privado optimicen y aligeren la gestión de su carga de trabajo.

En este sentido, paso a enunciar algunas de las novedades que el Anteproyecto contempla:

  1. El texto promueve la tramitación orientada al dato. Desde mi punto de vista, y a los efectos de digitalizar los procesos internos de gestión documental de los despachos, considero se trata de una de las más importantes mejoras que el texto contempla.

De este modo, todos los sistemas de información y comunicación que se utilicen en el ámbito de la Administración de Justicia, asegurarán la entrada, incorporación y tratamiento de la información en forma de metadatos, conforme a esquemas comunes, y en modelos de datos comunes e interoperables que posibiliten, simplifiquen y favorezcan los procesos de interoperabilidad, tramitación, búsqueda, análisis, gestión, publicación de información, transmisión de datos, y automatización de tareas.

En este sentido se constituirá un Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica encargado de fijar y mantener actualizado el Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad, que propiciará una estructura unitaria y compartida de la información y los datos con las considerables ventajas que ello va a suponer en el sector.

Inicialmente, el texto no contempla en la composición del Comité a los Consejos Generales de la Abogacía y la Procura, detalle que considero debiera ser revisado, a los efectos de garantizar que el esquema común incluya y contemple extensión suficiente de información, datos y conceptos que procure a todas las partes intervinientes en los procedimientos judiciales todas las ventajas que esta integración proporciona.

Deberá asegurarse que el Intercambio Electrónico de Datos a través de su transmisión estructurada y normalizada, se hace integrando toda la información necesaria para que pueda procesarse con la mínima intervención manual, permitiendo un fácil volcado en el software de gestión, ERP o aplicativo de cualquiera de las partes intervinientes, posibilitando su automatización.

  1. Todas las comunicaciones, actuaciones y trámites ante la administración de justicia se harán de forma electrónica y telemática a través de la sede judicial electrónica, donde se encontrará la carpeta judicial, desde la que se podrá tener acceso a todos los asuntos en los que se sea parte, y en la que se incluirán cada uno de los expedientes judiciales en tramitación al efecto.
  1. La notificaciones, emplazamientos, citaciones, requerimientos, mandamientos y oficios que se lleven a cabo por medios electrónicos se podrán practicar mediante comparecencia en la Carpeta Justicia o correspondiente sede judicial electrónica.
  1. Se garantizará la existencia de un Punto Común de Actos de Comunicación, en el que los profesionales puedan acceder a todos los actos de comunicación de los que sean destinatarios, cualquiera que sea el tribunal, oficina judicial u oficina fiscal que los haya emitido. Y se establece un Registro Electrónico Común de la Administración de Justicia donde se presentarán todos los escritos y comunicación. Por lo que unificara el acceso a las distintas plataformas judiciales, simplificándose los procesos de acceso, descargas y presentaciones de escritos.
  1. Se prevé la comunicación edictal electrónica.
  1. Se contempla la automatización de determinadas actuaciones procesales de escaso valor, como foliado, archivo o emisión de copias, y las actuaciones asistidas para generar borradores de documentos complejos en base a los datos del expediente, que solo se constituirán como resolución judicial cuando sean validados y firmados por la autoridad judicial competente. Lo que ayudará a agilizar la carga de trabajo documental de los juzgados.
  1. Las actuaciones de negociación en el marco de un medio adecuado de solución de controversias se podrán llevar a cabo por medios telemáticos, poniendo a disposición tanto de la ciudadanía como de los profesionales las herramientas necesarias para ello.
  1. Se posibilitará el trabajo deslocalizado y teletrabajo del personal de la administración de justicia.
  1. Se creará un Registro Electrónico de Apoderamientos Judiciales.
  1. Los datos publicados en el portal de datos deberán ser automáticamente procesables.

Entiendo que las novedades contempladas tendrán un considerable impacto en la actual estructura de trabajo de los profesionales del sector, ya que facilitará el intercambio de información y datos, que constituye una de las cargas de trabajo más considerables tanto para la administración de justicia como para abogacía y procura.

La definición de un esquema común permitirá el intercambio masivo o en lote de información entre las partes intervinientes, garantizando una gestión más eficiente del tiempo y los recursos al ofrecer agilidad, calidad, lo que supondrá la optimización de los procesos de interoperabilidad y gestión de la información y de los datos, a través de un procedimiento estandarizado.

Su impacto aportará soluciones sin precedentes, al permitir automatizaciones de partidas rutinarias y de escaso valor tan comunes en nuestra actividad.

Conscientes de los beneficios que un esquema común supone para el sector, desde EMC ya se viene promoviendo desde hace meses iniciativa un Diccionario XML Común, que ha venido teniendo una excelente acogida entre operadores y distintas instituciones, dado su impacto en la simplificación de los procesos de gestión.

Rocío Ramírez Torres.

Directora procesos Legales.

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